“El derecho a decidir no existe: La retórica traslada el debate del resbaladizo concepto de nación al de democracia (Martín Ortega Carcelén 16 OCT 2014, en “El País”)
Este eufemismo ha sido repetido
tantas veces en Cataluña que parece haberse convertido en verdad. Pero el
llamado derecho a decidir no existe ni en la práctica internacional, ni en
derecho constitucional, ni en el lenguaje político comparado, que encontraría
ese término demasiado impreciso: ¿quién decide, qué se decide?
Los inventores de la expresión se
refieren a dos ideas de manera implícita: Cataluña es una nación y, en consecuencia,
tiene derecho a la autodeterminación. Es una maniobra retórica inteligente que
pretende trasladar el debate desde el concepto resbaladizo de nación hacia el
terreno más seguro de la democracia. El derecho a decidir no se debe negar,
argumentan, porque ¿quién puede atreverse a impedir que la gente elija su
destino?
La dificultad estriba en que los
parámetros de la decisión son establecidos unilateralmente por el que ha
diseñado ese derecho. Y entonces la democracia se convierte en autocracia. Qué
se decide y quién lo decide lo decido yo, que también fijo el modo y los
tiempos sin discusión. En cuanto al qué, surgen muchas preguntas que deberían
responder los que apoyan esa idea: por qué votar la posible independencia en
una parte de España en lugar de otra, por qué limitarse a algunas provincias
(según se definieron en 1833), o por qué no se vota antes sobre nuestro régimen
político como monarquía parlamentaria. En cuanto al quién, la definición del
censo que hizo la
convocatoria del plebiscito es caprichosa, porque niega la
participación de los demás españoles después de una larga convivencia en un
mismo Estado, porque acepta el voto desde los 16 años cuando salvo raras
excepciones la inmensa mayoría de los países del mundo conceden esa capacidad a
los 18 años, y porque impide votar a los catalanes que nacieron en Cataluña y
hoy viven en el resto de España.
Por lo que se refiere al modo de la
consulta, sorprende que quiera hacerse unilateralmente. Este es un punto de
contraste llamativo con el caso escocés. Para que se den garantías democráticas
en un plebiscito es preciso que las diversas opciones y consecuencias sean
claramente debatidas, y esto no ha ocurrido en Cataluña, donde se ha favorecido
una especie de pensamiento único.
El
reparto de poderes en España es mayor que el de algunos Estados federales
Los defensores del supuesto derecho
a decidir renuncian a cualquier marco legal a la hora de reclamarlo. Aunque la
Constitución española no lo reconozca, aunque la Unión Europea tampoco lo
ampare, y a pesar de que el derecho internacional no se refiera a esa idea
porque solo contempla la libre determinación de los pueblos coloniales, tal
derecho existe. Parece que dicha capacidad tuviera un origen divino, como una
revelación descendida sobre sus proponentes, que no admiten ningún tipo de
debate al respecto. Tanta seguridad recuerda al personaje de Humpty Dumpty en
Alicia a través del espejo, cuando decía que las palabras significan justo lo
que él quiere que signifiquen.
Al negar un marco político y legal
donde fundamentar ese derecho, y al delimitar de manera unilateral su forma de
ejecución, los impulsores de la consulta en realidad motivan su causa en los
sentimientos. Los catalanes, afirman, tienen derecho a la independencia porque
se sienten una nación. A través del sistema educativo y del discurso oficial se
ha alimentado un proceso de formación nacional que rechaza la idea de España
como Estado plural en el contexto europeo. La única salida válida, se afirma,
es la independencia. El problema de este enfoque es que contiene una enorme
carga divisoria dentro de la Unión Europea, diseñada precisamente para superar
esos instintos de enfrentamiento. El nacionalismo es un viejo concepto del
siglo XIX que la integración europea ha ayudado a transformar, y que debemos
reinterpretar en el siglo XXI de manera positiva y no excluyente.
La Constitución de 1978 se redactó
con la vista puesta en Europa y con la clara intención de solventar problemas
históricos que eran un lastre para todos. Hoy sigue teniendo un profundo
sentido pacificador y conciliador. Los catalanes la votaron mayoritariamente
sabiendo que era un acto constituyente, es decir, el cimiento de una nueva
etapa política. La Constitución llegó a una solución transaccional al definir a
España como nación, cuya soberanía reside en el pueblo, y al articular al
Estado sobre la solidaridad y el reconocimiento de la pluralidad. Sobre ese
fundamento, en las últimas tres décadas se ha desarrollado un notable sistema
de reparto de poderes, más avanzado que el de algunos Estados federales.
La Constitución puede revisarse,
obviamente, pero esto debe hacerse con el consenso de todos teniendo en cuenta
el marco de la Unión Europea. Esa reforma debe ser negociada y pactada porque
cualquier solución unilateral basada en sentimientos corre el riesgo de romper
el orden jurídico y político que ha sido una garantía de paz, convivencia y
estabilidad tras un doloroso siglo XX, cargado de odio y fanatismo.
Artur Mas
y sus adláteres azuzan y engrandecen demandas basadas en meros sentimientos
Un último aspecto de la reclamación
de soberanía en Cataluña a través de un supuesto derecho a decidir es
preocupante. La ruptura
unilateral solo podría hacerse a un coste muy alto,
esto es, la desmembración de España. En su reciente comparecencia ante el
Parlamento catalán, Jordi Pujol afirmó que había dedicado su vida a la
construcción nacional de Cataluña. ¿Nunca cayó en la cuenta de que esa empresa
solo puede hacerse con la simultánea destrucción nacional de España? ¿Nadie en
Cataluña ha pensado que el resto de los españoles también albergan sentimientos
al respecto?
A veces se presenta la corriente
soberanista como un activismo pacífico y festivo, cuando en realidad muchos
otros lo perciben como un separatismo que les produce pena y rechazo. Desde el
punto de vista del Estado, Cataluña es un órgano vital para el conjunto de
España, y las interacciones con otros órganos vitales han sido muy intensas, lo
que hace la separación un asunto existencial. Los catalanes que persiguen
ciegamente ese sueño no han comprendido que su hipotética independencia, quizás
seguida por la de otras partes de España, supondría una verdadera conmoción
tras una etapa reciente llena de intercambios profundos y de convivencia fructífera
en un proyecto común.
La historia demuestra que,
desgraciadamente, esas conmociones han sido acompañadas muchas veces de guerra
y violencia.”
(Martín Ortega Carcelén es profesor de Derecho
Internacional en la Universidad Complutense de Madrid)
…
Nadie confía en nada
(Juan M. Blanco en “Vozpopuli”)- 14.10.2014
La reciente crisis del ébola ha vuelto a poner al
descubierto algunos defectos consustanciales a nuestra política. La
improvisación, la chapuza, la toma de decisiones sin criterio racional. O la poca
preparación de nuestros dirigentes políticos. Nada nuevo bajo el sol. Pero
también otros elementos cruciales como la escasa credibilidad que la gente
concede a las autoridades. No es un mero problema de comunicación sino algo más
profundo: una enorme desconfianza en las instituciones políticas que, poco a
poco, se extiende al resto de organizaciones e, incluso, a los propios
conciudadanos. El vértigo, la creciente desorientación por la desaparición de
referentes sólidos, conducen a recelar de todo y de todos. Si los políticos,
los partidos, los órganos del Estado, los sindicatos, las asociaciones no son
fiables ¿por qué el resto de la gente lo va a ser?
Desconfiar de un gobierno se encuentra en la propia esencia de la
democracia
El ciudadano tiende a confiar en las instituciones
cuando percibe un proceder justo, objetivo, neutral. Y responde con
reciprocidad respetando las normas, no por interés o temor al castigo, sino por
convicción. O aceptando de buen grado decisiones políticas contrarias a sus
intereses inmediatos si las considera parte de un juego limpio donde unas veces
se gana y otras se pierde. Por el contrario, la desconfianza, la creencia de
que la arbitrariedad es la norma, desvía muchas energías a recolectar
información, despotricar, resistirse a las resoluciones o protegerse de
inesperadas consecuencias. Aparta a la sociedad de otros objetivos cruciales y
genera desapego. O la agobiante sensación de que aquéllos a los que encomendó
importantes tareas las llevan a cabo con particular negligencia.
Desconfiar de un gobierno se encuentra en la propia
esencia de la democracia. El sistema establece mecanismos para cambiarlo. No
fiarse de la clase política en su conjunto resulta más peliagudo pues limita
considerablemente las posibilidades de reemplazo. Pero el asunto toma un cariz
grave cuando la suspicacia se extiende a esos órganos del Estado que fueron
diseñados como árbitros, como fiel de la balanza. Esas instituciones que
encuentran su razón de ser en la imparcialidad, la neutralidad, la objetividad.
La pesadilla comienza cuando las garras de los partidos modelan el Tribunal
Constitucional o los organismos reguladores empujándolos a actuar de manera
sesgada. Y de ahí la enfermedad se extiende al resto de la sociedad. Por no
hablar de la Justicia. No hay peor engaño que pretender imparcialidad cuando se
actúa en favor de parte interesada.
Nadie está
libre de error pero la combinación de conocimiento, rigor e imparcialidad
reduce la probabilidad de equivocación y genera confianza
Cuando los organismos son capturados
Competencia profesional y neutralidad es el
fundamento teórico de los organismos de control. Si funcionan adecuadamente,
constituyen una barrera contra la corrupción, una traba a las prácticas
interesadas en busca de ventajas y privilegios. Nadie está libre de error pero
la combinación de conocimiento, rigor e imparcialidad reduce la probabilidad de
equivocación y genera confianza.
La captura por grupos interesados genera un grave
perjuicio, un enorme embuste pues convierte a estos órganos en guardianes de
interés de parte mientras mantienen apariencia de objetividad. Son utilizados
como marionetas por los partidos, por los grupos de presión. O como pantalla
por el ejecutivo, que descarga ahí la
responsabilidad de ciertas resoluciones, vistiendo
las decisiones políticas con el manto de una pretendida profesionalidad.
"Respetamos el fallo del tribunal, como no podía ser de otro modo",
es la desgastada frase de los gobiernos para escurrir el bulto. Estaría
divertido que no lo respetasen cuando son ellos quienes lo propician.
La actual
degradación de las instituciones es resultado lógico de un mal diseño político
¡Dejen hablar a los profesionales! se escucha con
frecuencia. Obtener respuestas fiables a problemas complejos suele requerir el
concurso de expertos independientes. En España hay expertos; la dificultad
surge al buscar independientes. Una vez los políticos han contagiado el sesgo
partidista a todo el tejido social, mucha gente se alinea con grupos o
facciones, sea material o emocionalmente. Y pocos agentes exponen criterios sin
influencia partidista, grupal o corporativa, libres de conflicto de intereses.
Se pierden los referentes objetivos pues nadie es percibido como neutral,
aunque a veces lo sea. Casi siempre se adivina un interés oculto: es de éstos o
de aquéllos, de los nuestros o de los otros.
Una degeneración terminal del cuerpo político
La confianza es como el jarrón chino, fácil de
romper, casi imposible de recomponer. Al cundir el descrédito, cualquier medida
puede resultar sospechosa, generar recelo, fuere acertada o equivocada. Las
decisiones tienden a ser contestadas sistemáticamente ante la dificultad de
juzgarlas objetivamente, de valorar su mérito. Alcanzado tal extremo de
degradación, el ciudadano puede acabar rechazando no sólo las medidas nefastas,
sino también las acertadas, especialmente si implican algún tipo de riesgo o
renuncia. El público, presa de un justificado hartazgo, tiende a recibir
cualquier decisión
con recelo, rechazo, descalificación, lamento o improperio.
Los
partidos y sus adláteres aprovecharon la ventana de oportunidad para extraer
todo tipo de ventajas y privilegios
Se trata de un proceso degenerativo del cuerpo
político y social que diluye la razón en la cubeta de los impulsos y las
emociones. Una situación límite, un peligroso río revuelto que agita
enérgicamente una suspensión de grano y paja. Donde muchos espectadores valoran
de forma creciente aquello que les hace sentir mejor. Y, como Sansón, se
sienten propulsados a derribar las columnas del templo con tal de aplastar a
los corruptos y degenerados filisteos. Sin reparar en las ventajas de demoler
el edificio sin que les caiga encima.
No estamos gafados. La actual degradación de las
instituciones es resultado lógico de un mal diseño político: ausencia de
controles adecuados, perversos mecanismos de selección de los gobernantes o
desaparición de los órganos neutrales, con criterio fiable. Y la
consecuencia
de cierta desidia in vigilando, esa dejadez mediática y ciudadana que ha durado
demasiado tiempo. Los partidos y sus adláteres aprovecharon la ventana de
oportunidad para extraer todo tipo de ventajas y privilegios. Y utilizarán la
tremenda confusión para intentar colar abominables cambios por la puerta de
atrás, mientras el público embiste capotes insustanciales. Faltan árbitros en
quienes confiar, esas figuras que por su honestidad profesional, independencia
de grupos y facciones, o desapego a intereses corporativos, generan ascendiente
y confianza. Se echa de menos una resurrección de esa auctoritas que feneció
hace tiempo.”
…
“Es voz común que a más del mediodía,
en ayunas la zorra iba cazando;
halla una parra; quédase mirando
de la alta vid el fruto que pendía.
Causábale mil ansias y congojas
no alcanzar a las uvas con la garra,
al mostrar a sus dientes la alta parra
negros racimos entre verdes hojas.
Miró, saltó y anduvo en probaturas;
pero vio el imposible ya de fijo.
Entonces fue cuando la zorra dijo:
--No las quiero comer. No están maduras.”
(Félix María de
Samaniego)
Viene “como
anillo al dedo” la fábula de Esopo, recontada por Samaniego, para comentar –que
ya es hora— el bluff impresentable del
llamado soberanismo o independentismo catalán, protagonizado por esa mezcla de
histrión y visionario que es Artur Mas, rodeado de su corte de manipuladores
políticos y abrazado por el irredento e irredimible Oriol Junqueras.
Y viene como “pedrada
en ojo de boticario”, porque acabamos de sufrir en esta España nuestra, tan
suya, tan poco nuestra a veces, el espectáculo
sainetesco/dramático/esperpéntico del gobierno catalán tratando de impulsar una
consulta popular sobre la posible independencia, frenada al nacer simplemente
por la legalidad constitucional aplicada de manera correcta.
No me puedo
sustraer al estupor que me causa que se haya
tolerado e incluso en ocasiones
aventado esa desfachatez lunática de querer confundir democracia con
independencia.
Mucho se ha
escrito al respecto, y no seré precisamente yo quien se sienta el iluminado que
vaya a aportar, cual piedra filosofal, la solución al tema, aunque para lo que
hacen los políticos de una y otra clase sería más que viable.
Simplemente me
limito a aportar mi “granito de arena” al tema y suscitar al lector sus reflexiones,
para que pare mientes en que los independentistas catalanes ya propiciaron en
cuatro ocasiones anteriores de la historia (desde hace más de ochocientos años) su independencia, que resultó efímera, por inviable
y absurda, porque lo que buscaron fue más un provecho personal y económico que
la satisfacción de una necesidad personal.
Recuérdese por
ejemplo cuando se colocaron bajo la protección del Rey de Francia y éste les
impuso virreyes franceses, de los que hubo de liberarles el ejército español,
ocurrido ello hace algunos siglos.
Estoy seguro de
que seguirán “dando la matraca” con esto de las consultas democráticas (que son
irregulares hasta en los requisitos para su práctica) para una independencia
que los mismos catalanistas separatistas eludieron cuando se abrazaron a la Constitución
española.
Probablemente
todo se acabará arreglando con dinero, porque ya se sabe aquello del congreso
de clérigos celebrado en Cataluña, en el que se tiraba al aire el dinero de las
colectas y “lo que Dios no agarra en el aire…” (" Alló que Deu no agafa...")
…
Y pasémonos al drama del virus Ébola.
Dramático sin duda lo que acontece en
África.
Preocupante lo acontecido en España, en
Estados Unidos y Alemania con los primeros contagiados del virus fatídico.
Pero más preocupante aún la falta de
adecuada reacción oficial y gubernamental en los países afectados (España
incluida), en parte por falta de conocimiento y experiencia y en otra buena
parte por ineptitud política, que no ha encomendado la gestión a los expertos
sanitarios.
En España hemos tenido que sufrir, por
un lado, la poco eficaz actuación de la Sanidad pública, bajo los efectos de
unos políticos aturdidos y lentos; y por el otro el canibalismo de los políticos de
la oposición, que se han venido cebando con quienes actúan mejor o peor en los
problemas de la infección, pero ni una sola solución ni el menor apoyo han
bridado.
Para manifestarse, para protestar, para
cacarear en los foros y en los parlamentos, para eso sí que están. Para brindar
apoyo en los tiempos difíciles, no. Se trata de quebrar, que algo queda.
Y por otra parte, el presidente del
gobierno, que es gallego y ejerce de tal, se abroquela en que todo mejora, para
no brindar una mínima y fiable información a la preocupada ciudadanía.
Claro, que el ébola más peligroso no es
ni siquiera el que proviene de África. Es el que está paralizando cada vez más
la vida nacional, infectando la ética política de tarjetas opacas, de
comisiones ilegales, de “pujolismos” andorranos, de “p(j)odemos” iconoclastas,
de pedir consensos no se sabe sobre qué; en una palabra,
ensuciando,
contaminando, no construyendo.
Si el ébola permitiera en el cuerpo
humano una regeneración completa del flujo sanguíneo, habría que hacer otro tanto
con el flujo político, porque mientras tanto, seguimos aquí con esta España
faldicorta y zaragata…
“Las improvisaciones son mejores cuando
se las prepara”.- William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.
SALVADOR DE PEDRO BUENDÍA
