“La expresión
“pintan bastos” se utiliza cuando una situación se complica hasta el punto de
poder salir perjudicados y tiene su origen en la consideración de
que cada palo
de la baraja española representa un estamento social: los oros al poder
económico, las copas (o cálices) al poder eclesiástico, las espadas al poder
militar y los bastos (campesinos) al poder del pueblo”
(De Wikipedia y otras fuentes)
…
“Campana de Huesca
La leyenda de la campana de Huesca cuenta cómo Ramiro II el Monje, rey
de Aragón, decapitó a doce nobles que se opusieron a su voluntad. La historia
es
La leyenda
Tras la muerte en 1134 de Alfonso I el Batallador sin hijos, heredó el
reino de Aragón su hermano Ramiro II el Monje, obispo de Roda de Isábena.
Aragón sufría por entonces diversos problemas internos y externos.
Según cuenta la Crónica de San Juan de la Peña (siglo XIV), estando
Ramiro II preocupado por la desobediencia de sus nobles mandó un mensajero a su
antiguo maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, pidiéndole consejo. Este
llevó al mensajero al huerto y cortó unas coles (algunas veces se habla de
rosas), aquellas que sobresalían más. A continuación, ordenó al mensajero
repetir al rey el gesto que había visto. Ramiro II hizo llamar a los
principales nobles para que vinieran a Huesca, con la excusa de hacer una
campana que se oyera en todo el reino. Una vez allí, hizo cortar la cabeza a
los nobles más culpables, sofocando la revuelta.
La forma popular desarrolla algo más el hecho: el rey convocó Cortes e
hizo venir a todos los nobles del reino para que vieran una campana que se
oiría en todo el reino. A los rebeldes los hizo entrar de uno en uno en la sala
y fue decapitándolos según iban entrando. Una vez muertos, los colocó en
círculo y la del obispo de Huesca, el más rebelde, la colocó en el centro como
badajo. Luego dejó entrar a los demás para que escarmentaran.”
(De Wikipedia y otras fuentes)
...
“La juez envía a la
cárcel a Junqueras y a los otros ocho exconsejeros
(EL IMPARCIAL/Efe , jueves 02
de noviembre de 2017)
“La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión
incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y
para siete exconsejeros, mientras que ha impuesto una fianza de 50.000 euros al
exconsejero Santi Vila para poder eludir la cárcel.
El exvicepresidente Junqueras irá a la cárcel de Estremera, al igual
que Joaquín Forn (Interior). El exresponsable de Presidencia Jordi Turull y el
de Asuntos Internacionales Raül Romeva ingresarán en la prisión de Valdemoro,
mientras que el de Territorio Josep Rull lo hará en Navalcarnero. Carles Mundó,
de Justicia, irá a la cárcel de Aranjuez junto con Santi Vila, exresponsable de
Empresa, quien saldrá si
deposita una fianza de 50.000 euros, siendo éste el
único para el que no se ha decretado prisión incondicional. Por otro lado,
Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borrás (Agricultura) serán conducidas a la
cárcel de Alcalá Meco.
La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo fuga porque
"tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les
permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el
extranjero". Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles
Puigdemont y de otros cuatro exconsejeros a Bruselas para los que la Fiscalía
ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de
detención y
las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco
investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no
ha resuelto.
Para evaluar el riesgo de fuga, la juez tiene también en cuenta la
gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque
"a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la
tentación de huir". En este sentido el auto recuerda que "los
querellados se enfrentan a penas que pueden
alcanzar los 25 años de prisión por
el delito de rebelión, quince años de prisión por el delito de sedición, y ocho
años" por el de malversación que además "puede ascender a diez años
en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad".
También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración
delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se
han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados
durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso
de independencia en Cataluña. Dice Lamela que los investigados "vienen
operando dentro de un
grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por
asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible
huida de la Justicia". Un delito que exime a Vila en vista de que dimitió
un día antes de la declaración unilateral de independencia y es por esta razón
que su prisión es eludible. No obstante, en el caso de que abone la fianza, la
juez indica que se le impondrán una serie de medidas cautelares que son la
prohibición de salida del territorio español, la entrega del pasaporte y
comparecencias quincenales en el juzgado.
Para argumentar la prisión incondicional indica también que se aprecia
alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o
destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado
hasta hace pocos días.
A lo largo del auto, Lamela desgrana el papel de cada uno de ellos en
cada paso del llamado procés a lo largo de estos dos últimos años hasta
culminar en la declaración de independencia en el Parlament catalán que
desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, produciendo el
cese de todo el Govern y la disolución de la Cámara autonómica.
Al contrario de lo que sucedía en el Supremo, que ha suspendido a
petición de las defensas la comparecencia como investigados por los mismos
hechos de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y de 5 miembros de la
Mesa, en la Audiencia Nacional ninguna de las partes ha pedido la suspensión de
la toma de declaraciones, a excepción de Turull, al que se le ha denegado
porque la petición no la ha hecho su letrado.”
…
En cuanto se ha producido la noticia, ha comenzado una eclosión de
opiniones, comunicados, críticas, apoyos y demás manifestaciones en favor y en
contra de las medidas judiciales adoptadas por la Audiencia nacional.
Bastante va a debatirse a partir de ahora, como para que me embarque
yo también en analizar si lo actuado judicialmente es legal y procedente, que
opino que sí.
Pero lo importante es que se ha puesto de manifiesto que en España
impera el estado de Derecho, y que, con toda su lentitud pero con toda su
eficacia, la Justicia actúa.
Frente a las decisiones adoptadas, ha comenzado una barahúnda de
manipulaciones sobre si la ley se ha
aplicado bien, si es conveniente la
decisión de ingreso en prisión, si ello producirá reacciones en contra.
Pero hay una realidad incontrovertible: ¿Hay alguien que ponga en duda
que lo actuado por los encarcelados ha sido gravísimo, proclamando una
independencia con base en argumentaciones absolutamente sofísticas y contrarias
a la Constitución y demás legalidad vigente?
¿Puede admitirse que los ahora atrapados son los causantes y
responsables directos de una tentativa
de rebelión, y dejarles por ahí, tan
campantes como siempre, haciendo, diciendo y permitiendo lo que les viene en
gana?
La alcaldesa de Barcelona, la Colau (mejor llamada “la meona”, y de
eso sabe la Vía Laietana barcelonesa) dice ahora que el huido Puigdemont –cobarde y evasivo como el primero— es el
legítimo presidente de Cataluña.
Lo que no puede permitirse es que los políticos se conviertan en
jueces, porque a estos corresponde aplicar la ley y castigar sus infracciones.
Y ¡aviso a navegantes! El PSC, tan aparentemente adicto a la
aplicación del artículo 155 de la Constitución, ahora sale mezclando derecho y
conveniencia política y dice que es un error mandar a
prisión a los
responsables.
Tal vez haya que enviarles a bailar sardanas.
Una vez más, la llamada a la cordura servirá para poco, porque Mariano
José de Larra ya se lamentó en su día: “¡Miquelarena, qué país!”.
¿Se está repitiendo aquello de la "campana de Huesca"?
SALVADOR DE PEDRO BUENDÍA
