jueves, 2 de noviembre de 2017

Esta España nuestra: En Cataluña comienzan a “pintar bastos” a los políticos sediciosos y conspiradores ¿Como en la “campana de Huesca”?

Pintan Bastos

“La expresión “pintan bastos” se utiliza cuando una situación se complica hasta el punto de poder salir perjudicados y tiene su origen en la consideración de
que cada palo de la baraja española representa un estamento social: los oros al poder económico, las copas (o cálices) al poder eclesiástico, las espadas al poder militar y los bastos (campesinos) al poder del pueblo”
(De Wikipedia y otras fuentes)

“Campana de Huesca
La leyenda de la campana de Huesca cuenta cómo Ramiro II el Monje, rey de Aragón, decapitó a doce nobles que se opusieron a su voluntad. La historia es
parte del acervo popular en Aragón, especialmente en la ciudad de Huesca.
La leyenda
Tras la muerte en 1134 de Alfonso I el Batallador sin hijos, heredó el reino de Aragón su hermano Ramiro II el Monje, obispo de Roda de Isábena. Aragón sufría por entonces diversos problemas internos y externos.
Según cuenta la Crónica de San Juan de la Peña (siglo XIV), estando Ramiro II preocupado por la desobediencia de sus nobles mandó un mensajero a su antiguo maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, pidiéndole consejo. Este llevó al mensajero al huerto y cortó unas coles (algunas veces se habla de rosas), aquellas que sobresalían más. A continuación, ordenó al mensajero repetir al rey el gesto que había visto. Ramiro II hizo llamar a los principales nobles para que vinieran a Huesca, con la excusa de hacer una campana que se oyera en todo el reino. Una vez allí, hizo cortar la cabeza a los nobles más culpables, sofocando la revuelta.​
La forma popular desarrolla algo más el hecho: el rey convocó Cortes e hizo venir a todos los nobles del reino para que vieran una campana que se oiría en todo el reino. A los rebeldes los hizo entrar de uno en uno en la sala y fue decapitándolos según iban entrando. Una vez muertos, los colocó en círculo y la del obispo de Huesca, el más rebelde, la colocó en el centro como badajo. Luego dejó entrar a los demás para que escarmentaran.”
(De Wikipedia y otras fuentes)
...
“La juez envía a la cárcel a Junqueras y a los otros ocho exconsejeros
 (EL IMPARCIAL/Efe , jueves 02 de noviembre de 2017)
“La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsejeros, mientras que ha impuesto una fianza de 50.000 euros al exconsejero Santi Vila para poder eludir la cárcel.
De este modo, la juez asume por completo la petición de la Fiscalía y envía a la cárcel por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva a Junqueras y los ocho exconsejeros que han comparecido este jueves, investigados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.
El exvicepresidente Junqueras irá a la cárcel de Estremera, al igual que Joaquín Forn (Interior). El exresponsable de Presidencia Jordi Turull y el de Asuntos Internacionales Raül Romeva ingresarán en la prisión de Valdemoro, mientras que el de Territorio Josep Rull lo hará en Navalcarnero. Carles Mundó, de Justicia, irá a la cárcel de Aranjuez junto con Santi Vila, exresponsable de Empresa, quien saldrá si
deposita una fianza de 50.000 euros, siendo éste el único para el que no se ha decretado prisión incondicional. Por otro lado, Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borrás (Agricultura) serán conducidas a la cárcel de Alcalá Meco.
La juez ha apreciado alta probabilidad de riesgo fuga porque "tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero". Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsejeros a Bruselas para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y
las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto.
Para evaluar el riesgo de fuga, la juez tiene también en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esta causa porque "a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de huir". En este sentido el auto recuerda que "los querellados se enfrentan a penas que pueden
alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince años de prisión por el delito de sedición, y ocho años" por el de malversación que además "puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad".
También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso de independencia en Cataluña. Dice Lamela que los investigados "vienen operando dentro de un
grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia". Un delito que exime a Vila en vista de que dimitió un día antes de la declaración unilateral de independencia y es por esta razón que su prisión es eludible. No obstante, en el caso de que abone la fianza, la juez indica que se le impondrán una serie de medidas cautelares que son la prohibición de salida del territorio español, la entrega del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.
Para argumentar la prisión incondicional indica también que se aprecia alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace pocos días.
A lo largo del auto, Lamela desgrana el papel de cada uno de ellos en cada paso del llamado procés a lo largo de estos dos últimos años hasta culminar en la declaración de independencia en el Parlament catalán que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, produciendo el cese de todo el Govern y la disolución de la Cámara autonómica.
Al contrario de lo que sucedía en el Supremo, que ha suspendido a petición de las defensas la comparecencia como investigados por los mismos
hechos de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y de 5 miembros de la Mesa, en la Audiencia Nacional ninguna de las partes ha pedido la suspensión de la toma de declaraciones, a excepción de Turull, al que se le ha denegado porque la petición no la ha hecho su letrado.”

En cuanto se ha producido la noticia, ha comenzado una eclosión de opiniones, comunicados, críticas, apoyos y demás manifestaciones en favor y en contra de las medidas judiciales adoptadas por la Audiencia nacional.
Bastante va a debatirse a partir de ahora, como para que me embarque yo también en analizar si lo actuado judicialmente es legal y procedente, que opino que sí.
Pero lo importante es que se ha puesto de manifiesto que en España impera el estado de Derecho, y que, con toda su lentitud pero con toda su eficacia, la Justicia actúa.
Frente a las decisiones adoptadas, ha comenzado una barahúnda de manipulaciones sobre si la ley se ha
aplicado bien, si es conveniente la decisión de ingreso en prisión, si ello producirá reacciones en contra.
Pero hay una realidad incontrovertible: ¿Hay alguien que ponga en duda que lo actuado por los encarcelados ha sido gravísimo, proclamando una independencia con base en argumentaciones absolutamente sofísticas y contrarias a la Constitución y demás legalidad vigente?
¿Puede admitirse que los ahora atrapados son los causantes y responsables directos de una tentativa
de rebelión, y dejarles por ahí, tan campantes como siempre, haciendo, diciendo y permitiendo lo que les viene en gana?
La alcaldesa de Barcelona, la Colau (mejor llamada “la meona”, y de eso sabe la Vía Laietana barcelonesa) dice ahora que el huido Puigdemont  –cobarde y evasivo como el primero— es el legítimo presidente de Cataluña.
Lo que no puede permitirse es que los políticos se conviertan en jueces, porque a estos corresponde aplicar la ley y castigar sus infracciones.
Y ¡aviso a navegantes! El PSC, tan aparentemente adicto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ahora sale mezclando derecho y conveniencia política y dice que es un error mandar a
prisión a los responsables.
Tal vez haya que enviarles a bailar sardanas.
Una vez más, la llamada a la cordura servirá para poco, porque Mariano José de Larra ya se lamentó en su día: “¡Miquelarena, qué país!”.
¿Se está repitiendo aquello de la "campana de Huesca"?
SALVADOR DE PEDRO BUENDÍA

1 comentario:

  1. JOAQUIN SERRANO RUBIO3 de noviembre de 2017, 12:28

    Que pena que no levanten un presidio en la isla de Alboran. Se les quitaría todas las ganas de repetir el invento de la independencia.

    Enhrorabuena y un abrazo.

    Joaquin Serrano

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